LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS A LA OPINION PUBLICA CON MOTIVO DE SU 82º ANIVERSARIO

Son sin duda para nuestra Caja tiempos muy difíciles, por ello este presente nos reclama resaltar aspectos de la rica historia de esta Institución de Seguridad Social.  Nace como iniciativa de los  trabajadores bancarios privados, no como una reivindicación corporativa o elitista, sino para cubrir el vacío de amparo a la seguridad social que en ese momento existía.
No fue fruto del arrebato ni la ligereza de los legisladores, sino de un proceso concienzudo y responsable de discusión, atendiendo a la realidad que el país iba diseñando en cuanto a la cobertura de seguridad social para sus habitantes.
Luego de discutirlo durante casi 5 años se aprueba la ley fundacional el 14 de mayo de 1925, fecha a partir de la cual se integra al resto de las instituciones administradoras de seguridad social preexistentes y las que surgirían hasta nuestros días.
Su principal misión fue:

• Consolidar un fondo de capitalización y ahorro colectivo para la prevención de riesgos de vejez, invalidez, muerte y desocupación, que funcionaría bajo el principio de solidaridad intergeneracional, que protegiese a los trabajadores bancarios y sus familias.
• Designar un Consejo Honorario integrado por los órdenes involucrados: delegados  de empresas y trabajadores, elegidos democráticamente, y su presidente nombrado por el Poder Ejecutivo.
• Constituir dicho fondo con el aporte patronal, personal, y con el importe del medio por mil anual sobre parte del negocio bancario, el que sería administrado con total autonomía por la Caja.

Con el Decreto-Ley Nº10.331 de 29 de enero de 1943, la Caja se transformaría en la primer persona jurídica paraestatal, o sea privada con finalidad pública, sin fines de lucro pero con la posibilidad legal de colocar sus reservas para beneficio del fondo jubilatorio.
Durante estos 82 años la Caja, ha logrado cumplir su misión manteniendo estas características, pero lo que es más importante no ha recibido nunca aporte del Estado para su financiación.
Por el contrario, además de garantizar prestaciones suficientes, ha colocado sus reservas en beneficio de la sociedad: bonos de deuda municipal o nacional para infraestructura, inversiones en papeles que se licuaron al comenzar el proceso inflacionario de fines de los 50, construcción de edificios y viviendas hasta 1968, pioneros en forestación desde 1964 con destino aserrable o maderable; así como préstamos sociales a sus afiliados desde 1994.
Sobre ella recayeron siempre todas las crisis financieras, siendo instrumento idóneo para la resolución de los conflictos laborales que éstas acarrearon, recordar 1965 y sin ir más lejos la del 2002.
Podríamos seguir reseñando otros aportes que ha hecho a la sociedad este colectivo a partir de la gestión transparente y eficiente que su forma de administración tripartita ha permitido.
Recordemos que durante la dictadura fue intervenida y obligada sin respaldo legal a aportar parte de sus reservas al Estado lo que deterioró notoriamente el fondo jubilatorio.  Estos recursos nunca fueron recuperados y además, durante el período democrático, debió asumir los costos de las reparaciones laborales de las situaciones creadas por la dictadura.
A partir de esta rica historia de nada menos que 82 años, cabe preguntarse las causas de la dramática situación actual.
Esta realidad es el resultado de un proceso acumulativo de factores, como los demográficos –aumento de la expectativa de vida-, de impacto tecnológico –informática y automatización de tareas-, del mercado de trabajo –reducción de los puestos de trabajo, tercerización de actividades, etc.-, que han sido comunes al conjunto de la seguridad social del país. A ellos se suman otros particulares del sector que nos comprende.
Estos últimos, atienden a las fuertes transformaciones que ha sufrido la actividad financiera en los últimos 25 años, y que particularmente en la última década, ha devenido en un traspaso de actividades y servicios bancario-financieros desde las empresas bancarias tradicionales hacia nuevos agentes y empresas.
Estos cambios no fueron atendidos por las autoridades responsables, a pesar de que este Instituto realizó propuestas concretas en 1987, 1992, 1994, y en 2001.
Esto ha significado que la Caja Bancaria hoy sólo comprenda en su campo afiliatorio al 25% de las empresas que realizan tareas vinculadas directamente a la actividad financiera en el país, y que prácticamente por cada afiliado a nuestro Instituto en el sector privado, trabaja otro que no lo es.
Esto explica la relación activo/pasivo demográfica de 0,73 actual.
La propuesta presentada por la Caja Bancaria en el año 2001, plantea una modificación total del marco legal que reconociendo esta situación, propone la necesaria recuperación del campo afiliatorio, así como otro tema central como lo es la modificación del modelo de financiamiento del Instituto, a partir de una desvinculación progresiva del aporte de las empresas de la nómina de trabajadores, para incorporar un gravamen sobre la actividad.
A ello se suma una adecuación del régimen previsional vigente, en atención a la realidad de la seguridad social del país, así como una contribución al financiamiento de los actuales jubilados y pensionistas.
Pero no sólo nos hemos quedado en la propuesta, sino que hemos tomado todas las acciones que el marco legal nos faculta, habiendo congelado desde el año 2002 los valores mínimos y máximos de los topes, lo que hoy significa una reducción aproximada del 30% de los mismos.
A ello debemos agregar el aporte extraordinario que empresas, jubilados y pensionistas vienen realizando al financiamiento de la Caja, que alcanza una cifra anual de los u$s 30 millones aproximadamente.
El Poder Ejecutivo está comprometido a la búsqueda de soluciones, hecho que mucho reconocemos luego de más de 13 años sin ser atendidos.
Somos concientes de las dificultades; de que no alcanza sólo con tener voluntad, sino que es necesario creatividad, realismo y mucho diálogo para avanzar, sabiendo que exigirá sacrificios y aportes de todas las partes.
Pero también somos plenamente concientes que no encontrar una solución, agotar los escasos meses que nos separan de la imposibilidad de hacer frente al pago de prestaciones, estará trasladando al conjunto de la sociedad una cifra muy significativa.
Hoy enfrentados a esta situación límite ya no hay espacio para diferir su consideración, o se asume la búsqueda de la solución, o se asume la responsabilidad de garantizar las prestaciones que se sirven.
Finalmente queremos expresar a nuestros afiliados, empresas, trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, nuestro compromiso y confianza que la razón, el equilibrio y el diálogo permitirán un futuro sin incertidumbres para nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Consejo Honorario
14 de mayo de 2007