MEMORANDO

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS

Para: Ministro de Trabajo y Seguridad Social Sr. Eduardo Bonomi y
Sub Secretario Dr. Jorge Bruni.

De: Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

ANTECEDENTES:

Nuestra Organización integra desde 1925, el grupo de Instituciones que en el país se ha ocupado de consagrar los derechos de los ciudadanos a la Seguridad Social, específicamente a los trabajadores del ámbito bancario o financiero y empresas e instituciones conexas.

Sus características principales han sido y son:

Autonomía legal, administrativa y financiera a través de una persona jurídica PARAESTATAL que permite ADMINISTRAR FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN FORMA PRIVADA CON FINALIDAD PUBLICA.

Su forma de gestión, a través de un CONSEJO HONORARIO, conformado por representantes de los órdenes que la integran: empresas privadas y oficiales, trabajadores en actividad y en pasividad, elegidos en forma alternada democráticamente con voto secreto, y un delegado designado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, que lo preside.

En sus inicios el objetivo fue consolidar un sistema de capitalización y ahorro basado en el principio de SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL, que atendiera los riesgos de DESOCUPACION, INCAPACIDAD, VEJEZ Y MUERTE, por lo que estos beneficios se obtenían luego de contar con un mínimo de diez años de trabajo debidamente anotados en las cuentas personales de los afiliados y el registro de aportes patronales y personales reales y efectivos para ser vertidos a un único fondo jubilatorio.

Esta capitalización se dio al comienzo a través de un impuesto del medio por mil sobre las colocaciones y operaciones de cada banco, más los aportes patronales y personales y otros recursos, para dar paso luego a un proceso de financiación exclusivamente de aportes patronales y personales y el producido de sus reservas.

A mediados del siglo XX, la relación activo-pasivo era de 7 a 1.
Las reservas que desde un principio se colocaban en bonos de Deuda Pública para el fomento de las necesidades nacionales y departamentales, llegaron a su punto más alto, lo que permitió a la Institución desplegarlas además al fomento de actividades productivas en toda la sociedad como la industria de la construcción y ser pioneros en la inversión forestal con fines industriales.

En las crisis bancarias que comienzan a fines del ‘50 y se prolongaron durante los ‘60, la Caja en coordinación con todas las partes permitió en forma satisfactoria solucionar los problemas del ámbito de las relaciones laborales, absorbiendo gran parte de los costos de las mismas, al tener que otorgar cientos de jubilaciones anticipadas, a trabajadores exonerados.

Durante la dictadura, la Caja es intervenida perdiendo su autonomía administrativa y también jurídica al quedar comprendida dentro del llamado Acto Institucional Nº9, por ende sus afiliados pierden sus derechos adquiridos.
Son transferidos recursos de nuestro fondo jubilatorio a Rentas Generales, quedando la Caja al borde de no poder pagar sus obligaciones lo que obligó a una nueva alza de aportes. Dichos recursos nunca fueron reembolsados por el Estado.

Con el pretexto de una mayor universalidad del sistema de seguridad social, la Caja queda bajo un estatuto jurídico por el cual no podría responder, ya que sus políticas autónomas se orientaban a partir de determinados cálculos actuariales, como mandata el art. 52º del Decreto-Ley Nº10331.

A este cuadro se suma en noviembre de 1982, la promulgación de la Ley Nº15.322 de Intermediación Financiera, que redefine el ámbito de la actividad bancaria clásica, en función de nuevas normas bancocentralistas, pero no se establecieron lamentablemente por parte de la intervención de nuestro Instituto las correspondientes correcciones al campo afiliatorio.

Al retorno de la Democracia, la Caja recobra su autonomía, a través de la Ley Nº15.800, Art. 5º, habilitándola a proponer una reforma de su carta orgánica, extremo que el Consejo Honorario da cumplimiento en diciembre de 1987; este proyecto nunca fue considerado por el entonces Ministro de Trabajo Fernández Faingold.

En la década del ‘90, y ante la ofensiva política para impulsar la privatización de la Seguridad Social a nivel nacional con fines de lucro, lo que a la postre derivaría en la Ley Nº16.713, la Caja vuelve a presentar un proyecto de reforma de nuestro marco jurídico, destacándose modificaciones paramétricas, de su campo afiliatorio, buscando la necesaria viabilidad y estabilidad actuarial, a través de novedosas formas de financiación. De este intento surgiría la Ley Nº16.565, que solo reconocería parcialmente la nueva realidad del campo afiliatorio, no garantizando la viabilidad en el largo plazo.
La Ley Nº16.713, en su Art. 1º dejaría fuera los organismos paraestatales y servicios de retiros, para su posterior estudio y adecuación al régimen general.

Desde 1985 al 2000, la Caja fue “víctima” pero fundamentalmente “caja de resonancia y amortiguación” de las más grandes e importantes reestructuras que se registraron en el siglo XX en el sector debido a diferentes factores:

• Desarrollo tecnológico con su correlativo en pérdida de puestos de trabajo.
• Políticas empresariales agresivas en materia de incentivaciones y  tercerizaciones, como forma de enfrentar la nueva problemática en materia de relaciones laborales.
• Cierres de instituciones con muchos trabajadores destituidos.
• Prohibición de ingresos de personal joven , y traslado de trabajadores con causal jubilatoria de Entes a los Bancos Oficiales al amparo de la Ley Nº 16.127 de funcionarios públicos.

La Caja debió hacerse cargo del costo de la Ley Nº 15.783, de restitución de funcionarios públicos de los Bancos Oficiales, entablando y ganando juicio al Estado, por el que éste es deudor,  habiendo firmado un convenio de pago a 20 años por el que abona intereses en forma anual; siguiendo dichos costos a cargo de nuestro colectivo.  Obviamente, estas erogaciones nunca pudieron ser previstas actuarialmente.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 1º de la Ley Nº 16.713, el Consejo Honorario remitió a ese Ministerio el 13 de diciembre de 2001, un Proyecto de Ley de reforma de nuestro marco jurídico.
Este proyecto reconoce la imposibilidad de continuar financiando el Instituto en forma bipartita, únicamente a través de aportes patronales y personales, proponiendo atenderlo en forma equilibrada con el aporte de todos los actores y usuarios del sistema.
Abarca modificaciones paramétricas, recuperación del campo afiliatorio, una contribución del 4% de cargo de nuestros pasivos, y un impuesto a las transacciones financieras (5 por 10.000), lo que constituyendo una innovación, recoge la misma forma de capitalización que en los orígenes del Instituto.
El espíritu de este proyecto es poder seguir demostrando que la administración privada de los fondos de seguridad social pueden hacerse sin fines de lucro, haciendo del instrumento SEGURIDAD SOCIAL no un mero negocio para intermediarios, sino un mecanismo idóneo de distribución  de ingresos durante toda la vida del trabajador y su núcleo familiar, partiendo de la base de la solidaridad inter e intrageneracional.

Como es de su conocimiento, el Proyecto elevado por el Consejo Honorario no obtuvo por parte del Gobierno anterior, voluntad política para su estudio, salvo un intento de formar una Comisión integrada con el Poder Legislativo, la cual no fructificó.
Pero además en el 2002 se produce la mayor de todas las crisis en la historia del país, con los perjuicios conocidos para todo nuestro pueblo.

El epicentro en el sistema financiero, hace que la difícil situación de la Caja sobre la que este Consejo alertara al gobierno anterior, se reprodujera en forma dramática.
Pero una vez más el Estado, el Gobierno, la Sociedad, los Trabajadores del sistema, tuvieron este responsable y sólido instrumento llamado CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS, para amortiguar los efectos desastrosos, producto de errores políticos.

La Caja perdió cientos de afiliados activos.
Resoluciones internas de los Bancos Oficiales pasarían a la Caja en régimen de afiliación voluntaria a sus funcionarios que contaran con un mínimo de 30 años de trabajo, con efectos negativos en los promedios de edades de retiro que era habitualmente de 64 años.

Los trabajadores de los bancos privados quebrados que quedaron sin trabajo contaron gracias a la administración de la Caja y con la financiación de todos los afiliados a ésta sin excepciones, con un seguro de paro, acorde a sus niveles de ingresos y aportación a la seguridad social.

Nuestro colectivo ha contribuido con Rentas Generales por concepto de IRP (Impuesto a las Retribuciones Personales) con más de U$S 456 millones desde 1990 a la fecha; por ende ha participado en el financiamiento de las obligaciones del Estado, principalmente de la Seguridad Social, esto es BPS y Servicios de Retiros y Pensiones Policial y de las Fuerzas Armadas, además de autofinanciar su Seguridad Social.
Nuestro Consejo Honorario por unanimidad, solicitó al Gobierno anterior, poder retener de este impuesto un monto similar al déficit para no agravar la situación mientras se analizara la reforma de la Ley, pero obtuvo una vez más una cerrada negativa, demostrando su irresponsabilidad para con una Institución del prestigio que su ejemplar y transparente gestión da durante más de ocho décadas.

Como contrapartidas provisorias para paliar el déficit, se puso nuevamente de parte de las empresas un aporte complementario del 4,5% y una “contribución” del 10% promedio a la mayoría de las pasividades, que vencen el 31 de marzo de 2007.

Del punto de vista administrativo se han tomado desde 2002 todas las medidas posibles, que nuestra autonomía habilita, como por ejemplo, congelación de topes mínimos y máximos y de primas por edad; así como también se mantienen en los más bajos niveles históricos los gastos de gestión interna.

Nuestro déficit fue operativo desde 1998, para comenzar a utilizar el resultado de nuestras reservas a partir del año 2004.

ETAPA ACTUAL:

Agradecemos en nombre del colectivo que representamos, la atención que su Ministerio ha puesto desde el mismo momento de su designación y a través de la persona del señor Sub Secretario Dr. Jorge Bruni, el interés en conformar espacios para el tratamiento de nuestra problemática.

Dilatar el estudio de nuestra problemática no haría más que dificultar las soluciones posibles para un tema tan sensible y para un colectivo que nuclea entre afiliados y sus familias más de cien mil personas.

Queda claro que los problemas que atraviesa nuestra Caja no son ajenos a los problemas de la Seguridad Social en el país, a pesar de sus especificidades.

La Caja cuenta con un sistema de gestión, que hace casi nula la evasión, la informalidad, y la sub declaración.

Según el Instituto Nacional de Estadística, se contabilizan en el sistema financiero 18.700 trabajadores, pero a nuestra Caja solo cotizan 12.000.

La no afiliación a nuestra Caja de trabajadores del sistema financiero, atenta además contra nuestras empresas afiliadas, ya que se transforman en una competencia desleal.

Queremos además expresarle que no abandonamos la pretensión de discutir la inclusión de un impuesto a algunas transacciones financieras, ya que nuestros cálculos preliminares, nos indican que con una mínima alícuota, sumada a las demás propuestas planteadas tanto en lo financiero, y variantes paramétricas, podríamos dar viabilidad a nuestro Instituto en el corto plazo, e incluso habilitaría el estudio de la rebaja de aportes patronales.

Es nuestra intención agotar todo análisis que permita arribar a las mejores soluciones, es decir con el menor costo posible para nuestro colectivo, el cual sin lugar a dudas se encuentra en graves problemas por la inacción de gobiernos anteriores, lo que en definitiva transfiere en última instancia la responsabilidad al ESTADO.

SOLICITUD:

Nuestros servicios se encuentran abocados a realizar no sólo la permanente actualización de la información relevante para el estudio de salidas a la situación del Instituto; en este momento los del cierre del año 2005; sino también en el desarrollo de todos los escenarios puestos a consideración por el Presidente del Consejo Honorario señor Leomar Pastorino, en la comisión del Poder Ejecutivo que trabaja sobre el tema.

En ese objetivo nos hemos encontrado con la limitación de no poder acceder a determinada información, que se vuelve fundamental para la fiel evaluación de todas las alternativas planteadas.
Es por ello que pasamos a detallar la información que necesitaríamos que vuestro Ministerio, o el Organismo al que Ud. le encomiende, nos brindara:

De los Grupos o Instituciones que se mencionan en la siguiente nómina, resulta necesario conocer:

• La cantidad de empresas vinculadas en cada item;
• Su dirección;
• La cantidad de personal ocupado (incluyendo directivos);
• El promedio salarial mensual (aún aproximado);
• Edad y sexo del personal ocupado.

GRUPOS O INSTITUCIONES (se menciona su ubicación en los Grupos de los Consejos de Salarios para facilitar su trámite)

1. Cámara Administradora de Sistemas de Ahorro Previo (CASAP); y Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas <Grupo 20 posiblemente>.
2. Cooperativas de Intermediación Financiera cerradas <Grupo 14, Subgrupo 05, Capítulo 02>.
3. Casas de Cambio <Grupo 14 Subgrupo 06>.
4. Administradoras de Fondos de Inversión (excepto los datos de CARA-AFISA y las 6 empresas en liquidación) <Grupo 14>.
5. Administradoras de Crédito (Mayores y Menores Ingresos) incluidas las emisoras de tarjeta de crédito (excepto los datos de Emprendimientos de Valor SA) <Grupo 14, Sub Grupo 02>.
6. Instituciones y Agencias de Seguros y Reaseguros (residentes y no residentes) <Grupo 14>.
7. Corredores de Bolsa <Grupo 19>.
8. Empresas corredoras de seguros y de reaseguros (incluidas las unipersonales) <Grupo 19>.
9. Empresas Transportadoras de Caudales <Grupo 14, Subgrupo 04>.
10. Empresas de Factoraje <se ignora Grupo>.
11. Conjuntos Económicos de empresas de intermediación financiera y/o de las que se mencionan en esta lista) <se ignora Grupo>.
12. Fiduciarios Profesionales (financieros y generales) <se ignora Grupo>.
13. Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Seguridad Social <Grupo 14, Subgrupo 03, Capítulo 01>.
14. Empresas calificadoras de riesgo <se ignora Grupo>.
15. Agentes de Valores <se ignora Grupo>.
16. Cajas de Valores <se ignora Grupo>.
17. AFAP"s <Grupo 14, Subgrupo 03>.
18. Centrales de Redes de Pagos y Cobranzas <Grupo 14, Subgrupo 07>.

ANEXAMOS:

          Información sobre el monto de contribución por concepto de IRPF de nuestros afiliados activos y pasivos, que supondrá la aplicación de la proyectada reforma tributaria a estudio del parlamento y su comparativo con el actual IRP, al que referimos en el proyecto de diciembre de 2001.

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Quedando a vuestra disposición para ampliar la información que entiendan necesario, nos es grato saludarles muy cordialmente.

Montevideo, abril de 2006.

Sr.Leomar Pastorino Sarubbi Presidente Representante del Poder Ejecutivo
Sr.Gerardo Moratorio Consejero Secretario Adjunto Representante del personal de las empresas, instituciones y entidades afiliadas	Sr.Roberto Víctor Genta Consejero Secretario Representante de las empresas, instituciones y entidades afiliadas no oficiales
Sr. Edmundo Martínez Peña Consejero Representante de las empresas, instituciones y entidades afiliadas no oficiales	A/S Gabriela Palazzo Consejera Representante de las empresas, instituciones y entidades afiliadas oficiales
Sr.Jorge Molinari Consejero Representante de los jubilados	Sr. Gustavo Weare Consejero Representante del personal de las empresas, instituciones y entidades afiliadas

Autor: Consejo Honorario