Para nivelar las finanzas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), que registra un déficit operativo superior a tres millones de dólares mensuales, se requerirá una rebaja de las pasividades del sector, un incremento de los años trabajados por las empleadas bancarias y un aporte transitorio del Estado, afirmó el presidente de ese instituto, Leomar Pastorino.

     Ésas son algunas de las ideas que se recogerían en el proyecto de reforma de la CJPB que el gobierno se propone enviar al Parlamento en el segundo semestre.

     Pastorino –un militante del Partido por la Victoria del Pueblo que trabajó desde los 15 años en la CJPB y asumió en agosto como titular de ese organismo- responsabilizó a los anteriores gobiernos de los partidos tradicionales de la crisis que enfrenta ese instituto.

     Lo que sigue es un resumen de la entrevista con Búsqueda.

     -En avisos publicados el último fin de semana con motivo del 81º aniversario de la CJPB su Consejo Honorario señaló que la institución atraviesa por su “momento más crítico”. ¿Cuál es la situación?

     -Sin duda que es el momento más crítico desde el punto de vista financiero, ya que tenemos un déficit operativo de más de tres millones de dólares mensuales. La caja está técnicamente quebrada.

     A este ritmo las reservas alcanzan para un par de años. Y eso que desde el 2002 se tomaron medidas administrativas y se congelaron los topes jubilatorios, lo que es un perjuicio para los pasivos. Además, desde octubre de 2004 los jubilados pagan un impuesto transitorio de 10% en promedio.

     Esta situación se debe a que los planteos del Consejo Honorario hechos en tiempo y forma para asegurar la viabilidad de la caja no fueron atendidos por los gobiernos anteriores, que son los responsables de la crisis que estamos viviendo.

     -¿A qué atribuye que las anteriores administraciones, como usted afirma, no actuaran para atacar el desfinanciamiento de la CJPB?

     -La caja tuvo algunos oponentes y hasta enemigos. Nuestro instituto nunca le cobró a sus trabajadores, desde el inicio tuvo la historia laboral de cada afiliado y benefició al conjunto de la sociedad con las inversiones en títulos de deuda pública, o en proyectos de construcción o forestales. En cambio, las AFAPs son empresas que les cobran a los afiliados por la gestión de sus fondos, y hoy está claro que dichos recursos no son invertidos en el sector productivo.

     Hay conocidas expresiones de ex gobernantes de los partidos tradicionales a favor de que la caja se desangrara, porque se entendía que no era viable y no actuaron para modificar la normativa.

     -¿Qué propone para enfrentar la crisis actual?

     -De esto se sale con la participación de todos los involucrados y cada parte tendrá que hacer sus sacrificios.

     Por ejemplo, los actuales trabajadores tienen que saber que los montos que recibirán cuando se jubilen van a ser menores, que las mujeres tendrán que trabajar más años, y que el régimen pensionario de nuestra caja es de otra época.

     Los jubilados tendrán que pagar una contribución.

     -¿También pide que el Estado contribuya a una solución para la caja?

-A principios del siglo XX había varios organismos de seguridad social administrados por el Estado que luego se fueron fusionando. En todo ese período la CJPB mantuvo su autonomía y su gestión ejemplar, mientras que a nivel nacional esas otras instituciones fueron utilizadas como fuente de clientelismo político, de corrupción, de amiguismo. Eso es lo que hace que todos los uruguayos estemos pagando por esa mala gestión y que Rentas Generales tenga que contribuir al presupuesto del Banco de Previsión Social, aunque las cosas comenzaron a mejorar desde 1994 con la integración de los directores sociales.

     La seguridad social es un derecho humano garantizada por la Constitución, no sólo para los bancarios. Hoy se hacen transferencias de Rentas Generales al BPS y a las cajas Militar y Policial. ¿Por qué entonces no se podría asistir a la CJPB?

     -Un argumento en contra es que policías y militares dan servicios básicos, y los que prestan los bancarios, muchos de los cuales son empleados de entidades privadas, no lo son.

     -Hay mucho prejuicio respecto de la caja, y lo alcanzado en forma correcta se ve como privilegio ante la situación crítica de toda la sociedad. Evidentemente puede rechinar a cualquiera, dado los niveles de pobreza que tiene el país, que se diga que es de justicia que el Estado asista al instituto.

     -El proyecto de reforma que impulsó la CJPB en 2001 proponía volver a aplicar un impuesto a las transacciones financieras, y usted ha insistido con esa idea. ¿Qué respuesta tuvo en el Poder Ejecutivo?

     -En sus orígenes la caja se financiaba con aportes personales y patronales, y con un impuesto a algunas operaciones financieras, que luego se suprimió.

     Aparentemente el impuesto no está recogido en la reforma tributaria que promueve el gobierno. Aunque no tiene muchos adeptos, debería ser tenido en cuenta ya que hoy los bancos seleccionan sus clientes en función de las comisiones que cobran. Es un argumento débil decir que cobrar un impuesto ínfimo como el que se propone –de uno por 10 mil- atente contra su negocio.

     -¿Qué opina de la propuesta de la Asociación de Bancos de separar los ahorros jubilatorios de los empleados de las instituciones privadas y de las públicas?

     -Ése es un trabajo técnicamente serio, pero que filosóficamente no compartimos por cuanto se define por un principio que no es el de la solidaridad intergeneracional. Podemos compartir de ese proyecto que no se inclina por la solución más fácil –que es a su vez la más cara-: centralizar toda la seguridad social en un único organismo. Somos partidarios de un sistema universal desde el punto de vista jurídico de seguridad social, pero todavía no están dadas las condiciones para eso.