Primero que nada corresponde señalar que nuestro enfoque del tema lo debemos ubicar desde el lugar que ocupamos, sin renunciar a nuestra opinión personal, como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias por supuesto, y fundamentalmente como integrante de esta dirección colegiada, que permítanme corresponde destacar como una experiencia tremendamente importante para los organismos de Seguridad Social no solo del país.
Por lo tanto no vamos a enfocar los aspectos particulares; en los cuales las gremiales que legítima y democráticamente están representadas también en el Consejo, trabajadores y empresas, tendrán su opinión y su propio análisis lo cual me consta; para sí desarrollar mi intervención desde el punto de vista institucional.
Al ingresar en el análisis de esta reforma debemos contextualizarla en el significado que la política tributaria tiene para un país, y para una sociedad. Sin dudas la misma es mucho más que un texto ordenado que define los impuestos, tasas y contribuciones, constituye la otra cara de lo que conforma el Presupuesto nacional, es decir el gasto del Estado.
Y así es como a través del gasto el Estado estructura una determinada visión de país, si lo orienta con un énfasis social y productivo, o si lo orienta hacia otras visiones como las que hemos convivido en los últimos 40 años.
Dentro de ese gasto, dentro de las prioridades sociales se encuentra por ejemplo, y nada menos, la Seguridad Social.
Y vaya si hoy hay demandas justas y necesarias para ser atendidas en nuestro país, que debemos reconocer ha vivido un tremendo proceso de pauperización en las condiciones de vida de su gente, un descalabro desde el punto de vista económico, que se refleja claramente en el millón de pobres de nuestra población de los cuales trescientos mil están por debajo de la línea de pobreza, y en el brutal endeudamiento externo que tiene el Uruguay.
Y en este contexto es tremendamente importante, y merece nuestra mejor opinión, que el equipo económico esté planteando no una modificación de impuestos para atender el desequilibrio fiscal con el que asumió su administración; como ha sido la historia reciente en nuestro país; sino que esté planteando una reforma de carácter integral, con una óptica nacional, y con objetivos muy claros y plenamente compartibles.
Es evidente que todos podemos esperar más, nos gustaría que se pudiera avanzar más en los objetivos planteados, por ejemplo, y tal vez sea el aspecto que mejor identifica lo que queremos señalar, en cuanto a la disminución de la imposición al consumo – el IVA – del que está harto demostrada su regresividad e injusticia desde el punto de vista social.
Esperamos realmente que el propio carácter dinámico de la sostenibilidad fiscal que plantea el proyecto, permita avanzar en el objetivo de reducirlo en los próximos años. Nos tranquiliza también que sea anunciado como la primera etapa o el primer tramo de modificaciones a impulsar para transitar a un modelo más justo, es decir que lleguemos en el menor tiempo posible al objetivo de que tribute más el que más tiene.
Asimismo, en ese propio enfoque dinámico, nos parece oportuno dejar planteadas las bases para el desarrollo de instrumentos bancarios que permitan un mayor contralor, simplicidad y eficiencia, requisitos imprescindibles para avanzar en el objetivo de equidad a la hora de la contribución de cada una de las fibras del entramado social.
Hechas estas reflexiones generales, nos referiremos a dos puntos que como Instituto de Seguridad Social nos parecen centrales, y que merecerían ser analizados.
Todos conocerán el especial momento que atraviesa la Caja Bancaria, con un déficit mensual promedio de unos $ 80 millones, y que a partir de abril del próximo año se transformará en $ 130 millones, a la cotización de hoy aproximadamente unos 5 millones de dólares, que al cierre del año 2007 rondarán los 65 – 70 millones de dólares de déficit.
Pero todos somos conscientes que también la Seguridad Social hoy en el Uruguay, atraviesa una profunda crisis financiera que implica una asistencia de rentas generales de más del 50 % para poder cumplir con la cobertura de los trabajadores activos y pasivos, asistencia que por suerte a través del mejoramiento de gestión del nuevo Directorio del BPS está en retroceso después de muchos años.
Y esto tiene su explicación fundamental para el régimen general y también para nuestro colectivo, en que nuestro país está condenado a no crecer demográficamente en los próximos 30 años, en que padece una emigración permanente, (por razones políticas al principio) y razones económicas después, desde la década del 60 hasta nuestros días, de nuestros jóvenes primero y en el último lustro de nuestros no tan jóvenes; en las profundas transformaciones del mundo del trabajo; en la incorporación y sustitución vertiginosa de tecnológica; en la informalidad; variables que han ubicado la relación activo pasivo del país en 1 con algo, a 1.
En nuestro colectivo la relación es 0,73 a 1; a la que han contribuido también los cambios y mutaciones operadas en el mercado financiero que llevaron a que hoy del total de empresas que operan en el mercado financiero, el 45% esté por fuera de nuestro campo afiliatorio, y a que en el sector privado comprendamos sólo al 50% de los trabajadores.
No podemos evitar mencionar que la Caja fue amortiguador de los efectos de todas las crisis financieras, sirviendo eficientemente a la resolución de conflictos laborales desde fines de la década del 50 hasta los del 2002, y sus coletazos hasta nuestros días, ya fuera por reestructuras, por crisis causadas por ineficiencias, malos negocios de banqueros corruptos, tanto del sector privado como público.
Es imposible entonces seguir pensando en un sistema de seguridad social que se sustente exclusivamente en el gravamen al trabajo; y en aportes patronales y personales.
El resultado no es sólo la ecuación de déficit expresada, sino que también refleja una tasa de aporte patronal muy alta, hoy en el 26.25 % más 4.5 % transitorio, lo que a su vez incide en que exista un muy bajo incentivo a la contratación de personal, y un altísimo estímulo a sacar fuera del área de afiliación de nuestra Caja actividades que genuinamente le corresponden.
Es por ello, que por última vez en Diciembre del año 2001 – y como en forma responsable viene alertando a los poderes ejecutivos en los últimos 20 años -, a partir de constatar y proyectar estas dificultades que hoy tenemos – elevamos al Poder Ejecutivo un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Instituto, que además de establecer una reforma paramétrica del sistema previsional, de incorporar aportes de todos los involucrados y ampliación del campo afiliatorio, establece en el capítulo de los recursos la propuesta de un impuesto, a una tasa del 5 por 10.000, a algunas de las transacciones que se realizan en el sistema financiero uruguayo.
Este no es sólo un planteo con el objetivo de atender el déficit previsional, sino que también busca abatir la tasa de aporte patronal y por tanto no solo estimular el empleo en el sector, sino también el desarrollo de los servicios bancarios a la población, cuestión que hoy encuentra un fuerte obstáculo en que aquél que más se desarrolla, que más empleo genera llevando servicios a todos el país, aporta más que aquél que simplemente opera, seguramente con igual o mayor margen de ganancia y simplemente con una oficina en la Ciudad Vieja.
Así también se contribuiría a unificar a la baja a las empresas del mercado financiero en sus aportaciones a la seguridad social, eliminando la situación actual donde las empresas afiliadas a nuestro Instituto compiten en segmentos como el crédito al consumo con empresas que aportan con tasas 18 puntos inferiores, brecha que a partir de la reforma se ampliaría más al unificarse las tasas de aportación en el 7,5%.
Esto no está contemplado en el proyecto de reforma presentado, y nos parece que merece discutirse, sin dudas, porque el impacto del déficit de nuestra Caja no es un tema que se circunscriba a nuestro colectivo, sino que tiene un reflejo final en la responsabilidad del Estado; y estamos hablando de un presupuesto de pasividades en curso de pago anuales de 190 millones de dólares.
Pero además porque atiende objetivos de generación de empleo, de extensión de los servicios financieros, lo que –como señalamos anteriormente – tiene un fuerte punto de contacto con el desarrollo y hasta con el éxito de la reforma planteada.
No podemos dejar de señalar además, que a partir de la puesta en práctica del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, nuestro colectivo – tanto activos como pasivos – verá fuertemente incrementada su tributación, lo que supone acotar sus posibilidades de contribución a la solución para nuestro Instituto.
Por todo lo expuesto para nosotros la consideración del proyecto de reforma tributaria tiene una directa relación con la imprescindible salida que debemos encontrar para la Caja Bancaria, y por ello nos preocupa que los tiempos de una y otra reforma se separen, y por tanto impidan y/o limiten las vías de solución a la suerte del Instituto, así se lo hicimos saber tanto al MTSS, como a la OPP, como al MEF y a la Comisión de Hacienda de Diputados, ya que no sólo supone –reiteramos– comprender a un colectivo de 30.000 familias (más de 100.000 personas), sino que de no encontrarse una solución estaremos agregando un problema no menor a la Seguridad Social del país, o lo que es lo mismo a las cuentas fiscales, para las que hasta la fecha no hemos sido una carga más, sino que por el contrario desde nuestro colectivo se ha contribuido a ellas en función de los altos niveles de ingresos alcanzados en el último medio siglo, a partir de la organización sindical -léase AEBU- y a la consolidación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias a través de su gestión ejemplar.
De haber sido atendidas nuestras recomendaciones a tiempo, no tendría hoy nuestro Gobierno,- en definitiva el Estado uruguayo- tan difícil problema a solucionar. Nuestra preocupación se anticipa en varios lustros a la de los organismos internacionales, pero por distintas razones.
Hasta aquí las razones fundamentales que quería expresar, y sí considero necesario puntualizar las siguientes razones de orden técnico: la Reforma Tributaria, establece una Tasa de Contralor sobre el promedio de activos manejados, con destino al financiamiento de las tareas de supervisión del Banco Central del Uruguay, lo que entendemos significa una definición que está desechando la propuesta presentada para la reforma de la Caja Bancaria, es decir la de un Impuesto a las Transacciones Financieras. No queremos obviar que nos parece importante que el alcance de esa, defina el mercado financiero con mayor amplitud que lo reconocido en las normas, y en el actual modelo de supervisión financiera.
El proyecto sustituiría el actual IRP por un IRPF. Este admite la deducción del IRPF de los aportes a la seguridad social.
La Caja Bancaria tiene como parte de sus ingresos el aporte del 1,5 % que financia el seguro de paro del colectivo amparado de acuerdo al artículo 53º de la Ley Nº 17.613 de 27 de diciembre de 2002, y el aporte de los pasivos como contribución al financiamiento consagrado por el artículo 1º de la Ley Nº 17.841 de 15 de octubre de 2004, que promedialmente es de un 10%.
El proyecto no contempla la deducción de ambos aportes, siendo que ambos contribuyen al financiamiento de la seguridad social.
Sobre lo establecido en el Capítulo XII, Ley Forestal, que nos comprende como Instituto, ya que desde hace más de 40 años realizamos inversiones forestales. Entendemos que sería oportuno que la reforma propuesta distinga, y estimule, las producciones que tienen un destino industrial de aserrado, agregando valor, y generando fuentes de trabajo en el Interior del país, en consonancia con los lineamientos marcados por el Poder Ejecutivo a través de la Dirección Forestal del MGAP.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, en su Art. 17º, inciso J), continúa gravando los intereses de los préstamos a nuestros afiliados activos y pasivos. Como señaláramos en su oportunidad, esta inclusión como contribuyentes de las Cajas Paraestatales establece una diferencia de criterio frente a otras situaciones con idénticas finalidades (Cooperativas, Crédito Social, etc.); a lo que debemos agregar que este tipo de colocaciones contribuye al financiamiento del Instituto.
Resumiendo nuestras preocupaciones transcurren por un lado en torno a los instrumentos y opciones a considerar en relación a la suerte del Instituto, y por otro en relación a los tiempos.
