“Estamos con la soga al cuello”, dijo a la diaria Leomar Pastorino, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Según aseguró, la institución tiene un déficit mensual de casi cuatro millones de dólares y la situación se agravará cuando el próximo 31 de marzo caduque la Ley 17.841, que prevé aportes previsionales de empresas y pasivos. El Poder Ejecutivo se comprometió a buscar alternativas para revertir ese desfinanciamiento, pero los tiempos juegan aquí un papel clave: si se mantiene este ritmo de pérdidas de reservas, la Caja deberá cerrar sus puertas en 2008.
-¿Cuál es la actual relación activo/pasivo en la Caja Bancaria?
-La relación está en 0,73 a 1 demográfica, lo que equivale a una pérdida mensual de casi cuatro millones de dólares. Lamentablemente estamos usando reservas para enfrentar una situación no deseada, de la cual venimos alertando desde hace veinte años a los gobiernos de turno, sin respuestas. Es necesario contar con el apoyo del Poder Ejecutivo para una reforma como la que precisa la Caja. Estamos con la soga al cuello. Afortunadamente este gobierno reconoce que se trata de un problema serio y estamos coordinando acciones para ver cómo salimos adelante.
-Usted ha hecho referencia a una relación activo/pasivo que llegó a ser de 7 a 1. ¿Qué pasó en el medio?
-Esa relación de 7 a 1 corresponde a la década del 1950 y en esto inciden varios factores. En primer lugar, la imposición del Acto Institucional Nº 9 en la dictadura, que implicó que la Caja fuera intervenida y que se desviaran recursos de nuestros fondos jubilatorios a Rentas Generales, dinero que el Estado nunca devolvió. También están las sucesivas crisis financieras que ha enfrentado Uruguay desde la década de 1950. La Caja tenía por esa época un artículo que preveía que los trabajadores con más de diez años de actividad se podían jubilar con una pasividad mínima, lo que aceleró el deterioro en la relación activo/pasivo. Luego vinieron las crisis más recientes, producto de malos negocios que hicieron banqueros corruptos, desde la década de 1970 hasta nuestros días, que provocaron importantes pérdidas de fuentes de empleo.
-¿Cómo los encontró la crisis de 2002?
-Ya en ese año teníamos déficit operativo, es decir que lo que ingresa no da para pagar las pasividades, lo que te obliga a echar mano de las reservas. El cierre de los cuatro bancos de 2002 significó el desbande total, se perdieron casi tres mil puestos de trabajo, que mantuvieron su condición de afiliados porque se generó un seguro de desempleo, en un 98% financiado por los propios trabajadores, que los bancarios no tenían. Se mantiene la afiliación pero sin aportes patronales. Peor aún: cuando esos trabajadores se reintegran a la actividad, durante dos años las empresas no pagan aportes. O sea que la reincorporación no mejora la situación financiera, apenas si modifica levemente la relación activo/pasivo.
-¿Cuánto tiempo podrá sostenerse la Caja con este nivel de pérdidas?
-Este uso de reservas nos permitiría llegar hasta 2008. Hay también dos recursos que se obtuvieron en 2003 y 2004: un aporte complementario de las empresas de 4,5% y un descuento de las pasividades del orden del 10%. Ambos recursos vencen el 31 de marzo de 2007. Pensamos que para esa fecha el proyecto de reforma de la Caja ya va a estar bien encaminado en el Parlamento.
-¿Hay compromisos asumidos para encontrar una salida al problema?
-Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con Economía y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El tema preocupa además a organismos internacionales, seguramente no tanto como a nosotros. El equipo económico expresó que es de suma importancia para ellos lograr acuerdos para esa ley de reforma de la Caja Bancaria.
-¿Han tenido novedades de la consultora que prepara el informe que se tomaría como base para redactar ese proyecto de ley?
-Nosotros ya presentamos toda la información que nos pidieron, pero es un convenio bilateral entre OPP y Facultad de Economía, de donde son la mayoría de los investigadores. Toda la información que ese estudio pueda arrojar nosotros ya la tenemos, simplemente que el Poder Ejecutivo necesita una visión externa.
-¿No hay forma de agilizar los trámites?
-Nos comprometimos con el Ministerio de Economía a entregar en estos días un estudio, que es lo mismo que va a procesar la consultora en tres o cuatro meses. Lo que más nos preocupa en términos de tiempo es que la reforma de la Caja no puede estar ajena a la reforma tributaria, porque pensamos que este drama no se soluciona sin apoyo estatal, que desearíamos que fuera el menor posible, pero da la impresión que no vamos a poder zafar de ese apoyo. Por ende, todo aquello que no esté contemplado en la recaudación va a operar contra las posibles soluciones. Va a ser difícil solucionar esto sin contar con recursos de Rentas Generales, algo que sucedería por primera vez en la historia. El sacrificio involucraría además a pasivos y a futuros jubilados. También a las empresas, que si bien es cierto que están pagando altos porcentajes si se comparan con otros sectores, hay que recordar que siempre encontraron en la Caja una posibilidad de amortiguar los efectos de las crisis. El aporte que vayan a hacer ya lo han cobrado con creces.
-¿Cuál es la situación con las empresas del sector que están fuera de la Caja?
-De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en el sistema financiero trabajan 18.700 empleados, pero nosotros tenemos 12.110 afiliados. En un seminario del Banco Central se dijo que hay 142 empresas que prestan servicios financieros y nosotros tenemos afiliadas a 77. Hay todo un espectro de campo afiliatorio que reclamamos desde 1986 y que sólo se atendió parcialmente en 1994 con la incorporación de personal de cooperativas de ahorro y compañías de seguro. Esto es negativo para las propias empresas que aportan a la Caja, porque hay otras firmas, por ejemplo en créditos al consumo, que se dicen cooperativas, que cobran intereses altísimos si se comparan con los bancos y aportan a la seguridad social menos de la mitad. Es una situación de competencia desleal entre las empresas.
-Si esas empresas ingresan al sistema de Caja Bancaria, ¿no se generaría un conflicto de intereses con el Banco de Previsión Social (BPS)?
-Es claro que el BPS tiene que ver, ya que los trabajadores de esas empresas son sus afiliados, pero no sería algo dramático en lo financiero ya que Rentas Generales aporta más del 50% del presupuesto al BPS. En la última reforma de la Caja de Profesionales se estableció que la relación activo/pasivo se fuera adecuando en función de las necesidades de estabilidad y algunas profesiones que no pagaban comenzaron a tributar en esa Caja. Eso no significó ningún problema para el BPS.
-¿Sería a través de la reforma tributaria la solución para la Caja?
-En 2001 planteamos la instalación de un impuesto a las transacciones financieras. No era ninguna novedad porque cuando la Caja se creó en 1925, el fondo jubilatorio se capitalizó con un impuesto a las operaciones bancarias, con una alícuota de 5 por 10.000, que funcionó hasta 1947, además de los aportes patronales y personales. Luego la eclosión en la relación activo/pasivo y la dificultad para recaudar ese importe obligó a que se aumentaran las contribuciones personales y patronales para mantener la recaudación. Ese impuesto sirvió para consolidar al fondo jubilatorio y hoy necesitamos volver a tener un equilibrio financiero. Volvimos a plantear ese impuesto a las transacciones financieras, pero no fue tomado en la reforma tributaria.
-¿Cómo se fundamentó la negativa?
-Se dijo que el impuesto encarecería el negocio financiero, pero no lo vemos así. Los bancos seleccionan a sus clientes de acuerdo a las comisiones que aplican a los servicios que ofrecen: si un banco no quiere un cliente con 100 dólares en su caja de ahorro, simplemente le cobra una comisión de 10% mensual y la persona seguro que retira su dinero. Entonces nos parece un argumento muy débil que un impuesto a las transacciones perjudique al negocio bancario, ya que por otro lado permitiría que el sistema siga contando con un instrumento tan importante como la Caja Bancaria.
-¿Qué consecuencia tendría el IRPF sobre los bancarios?
-La Caja es actualmente un agente de retención por unos 20 millones de dólares anuales, y con el IRPF tal cual se presentó al Parlamento pasaríamos a tributar entre activos y jubilados unos 58 millones de dólares, lo que dificultaría aún más una salida para esta crisis. Es claro que si algo de ese IRPF lo pudiéramos retener nosotros se solucionaría buena parte del problema.
-¿Se manejó esa posibilidad?
-Supongo que es una de las cuestiones que el equipo económico deberá evaluar. En caso de aplicarse así como está, sin solucionar antes el problema que tiene la Caja, nos limita económicamente como colectivo para encontrar una salida.
-¿Pero en general hallaron voluntad política para solucionar el tema?
-Absolutamente, existe voluntad del Poder Ejecutivo por resolver el problema porque son conscientes de que con este colectivo tienen todas las posibilidades de lograr una solución consensuada y también porque pasar todo a régimen general es la opción más cara para el gobierno y que menos garantía otorga a los trabajadores. Favorecería a las empresas porque pasarían a pagar menos. Y a los jubilados, habría que ver quién se anima a bajarles la pasividad, aunque una rebaja podría estar incluida en esa salida consensuada.
Lucas Silva
