Publicamos a continuación el texto de la nota enviada a Semanario Búsqueda en respuesta a un artículo publicado en la edición del 27 de mayo pasado por dicho medio.

“La transferencia del Tesoro Nacional a la CJPB durante el 2020 fue de $ 450 millones y no de $ 4.600 millones como se afirma en el artículo. La Prestación Complementaria Patronal (PCP) no es un tributo sino una modalidad de aporte patronal”

Sr. Director

De nuestra mayor consideración:

En la edición del semanario de su dirección de fecha 27 de mayo próximo pasado, página 21, en un artículo que realiza un análisis del sistema previsional uruguayo y del proceso de reforma en trámite, se aporta información y se realizan afirmaciones inexactas referidas a nuestro Instituto.

En efecto, en el mencionado artículo en el párrafo en que se afirma que “…varios organismos de seguridad social son deficitarios y requieren de asistencia financiera estatal, ya sea por la vía de transferencias directas de dinero de Rentas Generales o recibiendo parte de lo recaudado por tributos…”, se cita como ejemplo “…la Prestación Complementaria Patronal en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) que es un gravamen sobre los activos financieros que llega a representar 22% de los ingresos totales de ese subsistema…”.

Lo afirmado no es correcto. La Prestación Complementaria Patronal (PCP), como su propio nombre lo indica, no es un impuesto y cabe desde ya establecer, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 15 del Código Tributario en el sentido de que el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es un ente público acreedor del tributo que, por tanto, la Caja Bancaria no puede serlo porque no integra el Estado. Tampoco puede invocarse ninguna norma que determine que la citada prestación sea un impuesto afectado a la Caja, porque tal norma no existe. Y, en consecuencia, no podrá encontrarse en ninguna cuenta del Estado, ni en Rentas Generales ni en ninguna otra, transferencias a favor de la Caja Bancaria por ese concepto de prestación complementaria patronal. Antes bien, la naturaleza jurídica de esa prestación surge inequívocamente de la propia norma de su creación, esto es, la Ley 18.396, que expresa que es una modalidad de aporte patronal.

El art. 25 de esa ley denominado “…financiamiento patronal…” incluye en el mismo los aportes patronales y la adquisición de títulos de deuda. Asimismo, el art 26 que se denomina “aportes patronales”, establece que los mismos estarán “…constituidos por dos conceptos…”, un aporte patronal básico sobre las remuneraciones del personal y “…una prestación complementaria que se determinará en función de la naturaleza y magnitud de la actividad…” de las entidades y empresas afiliadas.

Consistente con esta naturaleza jurídica, y en el marco del cambio legal del modelo de financiamiento, en el artículo siguiente de la Ley 18.396 (art. 27) se dispuso simultáneamente una rebaja de los aportes patronales sobre la nómina (se fijaron en 5,5 puntos menos que los anteriormente vigentes), y se estableció que, adicionalmente habrá en el futuro un nuevo proceso de reducción, sujeto a determinadas condiciones, que alcanzará a otros 4,5 puntos más de rebaja y adicionalmente, por la emisión de títulos de deuda operará un tercer abatimiento de 4,5 puntos más del aporte patronal básico, según lo dispone el art. 30 de la multicitada Ley 18.396.

En consecuencia, la prestación complementaria es una modalidad de aporte patronal a cargo de las empresas afiliadas al Instituto, y por tanto no es la sociedad la que soporta ningún gravamen directo por ello. Esa prestación obviamente integra los costos de una empresa, pero de modo idéntico a como lo hace el aporte sobre la nómina y cualquier otro gasto de funcionamiento.

Asimismo, partiendo de un planteo equivocado y sin sustento legal, se suceden en el artículo de vuestro semanario al que hacemos referencia, conclusiones igualmente incorrectas, a saber:

a) se dice que si se suma a la transferencia directa estatal la recaudación de la PCP, “…el subsistema de los bancarios recibió casi $ 4.600 millones, es decir 3,5% de la contribución fiscal o equivalente dada al conjunto de la seguridad social …”, lo que, por lo arriba explicado, no se ajusta a la verdad; no existe ninguna contribución fiscal ni equivalente por este concepto. La única transferencia directa estatal que recibe la Caja es un aporte -transitorio y en continua baja por ser equivalente al adicional que abonan los jubilados anteriores a 2008- cuya magnitud es de $ 450 millones (diez veces menor que la señalada en vuestro artículo), y la incidencia de nuestro organismo sobre las transferencias de Rentas Generales a toda la seguridad social del país no es el 3,5% sino el 0,4%, según el Análisis Presupuestal de la Ley de Rendición de Cuentas de 2019. Como se advierte, hay una gran diferencia entre ambos porcentajes;

b) se calcula el dinero transferido a cada subsistema (incluyendo erróneamente en el caso de la Caja Bancaria la PCP), de acuerdo al número de los jubilados que cubre cada uno, y eso lleva a afirmar en vuestro artículo que por cada bancario se transfiere como contribución fiscal casi el doble (1,83) de lo que se hace por cada jubilado del BPS, lo que no es correcto. En realidad, la proporción real es de 0,18.

Finalmente, la conclusión del articulista es que la asistencia fiscal actual profundiza la distribución regresiva de la contribución que hace la sociedad, por lo cual es importante precisar correctamente su magnitud en cada caso. En particular, en el caso de nuestra Caja, trabajadores, empresas y jubilados aportan para dar sustentabilidad al sistema, incluso tasas superiores a las generales, y ese esfuerzo justifica las precisiones que preceden.

En el marco del pleno respeto a toda opinión periodística, se ha optado por sustentar lo expresado en las normas jurídicas citadas a efectos de la debida ilustración de vuestros lectores.

Agradeciendo al Sr. Director la publicación de la presente, saludamos a Vd. muy atte.

 

CONSEJO HONORARIO